El artículo 74 de la constitución
no nos permite
“vender conservación”
Análisis sobre el punto 8 de la consulta popular: compensación ambiental
Especialista en cambio climático
COSTECAM
En Latinoamérica, la deforestación es una problemática que, como naciones firmantes del acuerdo de parís, debemos atacar, David Kaimowitz, director de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Fundación Ford, nos ha advertido que la ganadería extensiva es la actividad productiva que mas impacta negativamente a los bosques debido a la necesidad de deforestar áreas para desarrollar la ganadería.
Según el ministerio de ambiente, agua y transición ecológica, el Ecuador goza de poco mas de 12 millones de hectáreas de bosque, de los cuales el 70% se encuentra bajo algún mecanismo de conservación como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Por otro lado, y según datos del INEC, el 20% de los ecuatorianos están enfocados en el sector agropecuario, siendo una de las actividades productivas que más impulsa el desarrollo económico a nivel país y beneficia la economía de las familias ecuatorianas. cuando hablamos de actividades productivas para el desarrollo económico, cada trabajador y trabajadora busca obtener ser rentable económicamente para, mínimamente, subsistir y/o mejorar su calidad de vida, no obstante, la deforestación de bosques acarrea, no solo la reducción de la biodiversidad, si no también, afecta la salud del ser humano, el Banco Mundial (2016),desarrolló un indicador de la tasa de mortalidad por contaminación atmosférica, para el Ecuador este índice data entre 24 y 25 muertes por cada 100.000 habitantes al año.
Sin embargo, una de las soluciones a la problemática planteada, son los mercados voluntarios de carbono (MVC) que se han planteado desde la sociedad civil y nacen como respuesta a la baja proactividad de los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) planteados en el protocolo de Kioto sobre todo, en países en vías de desarrollo. Dentro de los MVC, encontramos los controversiales créditos de carbono basados en plantas, estos créditos, sencillamente buscan mantener el carbono que se encuentra secuestrado en la biomasa de los bosques, generando ingresos económicos a aquellas comunidades que allí habitan, como nacionalidades indígenas, que, según el INEC en su encuesta de aplicación continua (2021), son el sector mas golpeado por las desigualdades en el contexto nacional. Sin embargo, este ejercicio financiero de transar créditos de carbono basados en platas no es permitido en el Ecuador ya que el articulo 74 de la constitución nos dice que “…Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”, esta directriz impide que un servicio ecosistémico sea tranzado en mercados como los MVC nacionales, regionales e internacionales.
El gobierno nacional, liderado por el presidente Guillermo Lasso, dio a conocer a inicios del mes de septiembre, un conjunto de preguntas que busca lanzar en una consulta popular en el año 2023, una de las preguntas, la 8 específicamente, le consulta a los ecuatorianos si:
“¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la constitución de acuerdo con el Anexo 8?”, De hacerse realidad la consulta popular y que esta pregunta arroje un resultado positivo, el gobierno abre la puerta de nuestro país a los MVC, sin que el gobierno pierda su participación regulatoria y que no solo bosque promover la conservación de boques y de la biodiversidad, si no también, busque que las comunidades, pueblos y nacionalidades, tengan una oportunidad para verse beneficiados.
La constitución del 2008 en el mismo artículo 74 nos dice también que “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir…” lo cual resulta contraintuitivo ya que en principio busca beneficiar a personas, comunidades, pueblos y nacionalidades pero también, trunca la oportunidad de que esas mimas personas, comunidades, pueblos y nacionalidades oferten créditos de carbono basados en plantas y beneficiarse económicamente, bien sea a nivel nacional pero también interracialmente.
El ejercicio de transar un crédito de carbono necesita de un ofertante y un demandante, este segundo tiene como objetivo compensar el impacto ambiental que genera, por ejemplo, una empresa con una huella de carbono residual (que no puede evitar) de 100 toneladas de Co2e buscara compensarla con 100 créditos de carbono (cada crédito equivale a una (1) tonelada de CO2e).
Los retos principales de acceder a los MVC, se encuentran en la verificación y validación de toneladas de CO2 secuestradas (en el caso de los créditos basados en plantas), ya que esto significa invertir una cantidad de dinero para costear el servicio de verificación y validación a un tercer organismo, actualmente esto significa un costo alto para comunidades en contexto de vulnerabilidad, además que, existen pocos organismos que brindan este servicio, dos de ellos son VSC-Verra y Gold Standard, mismos que han trabajado con el gobierno nacional para generar un marco regulatorio de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, al ser un mercado voluntario, los precios de cada crédito fluctúan de acuerdo a la demanda y a los costos que cada proyecto de secuestro de carbono tenga.
A pesar de los retos que enfrentamos como país, desde mi lugar, considero importante contar con la mayor cantidad de mecanismos de financiamiento climático que existan, ya que además de buscar reducir las brechas de desigualdades que sufren comunidades vulnerables de nuestro país, también tenemos una agenda que cumplir enmarcada en la NDC (2019), un compromiso que, cabe resaltar, es política de estado. La lucha contra el cambio climático es responsabilidad de cada ser humano comprometido, solo uniendo esfuerzos lograremos salir victoriosos.
Si la corrupción vulnera los derechos humanos en reiteradas ocasiones, también vulnera los derechos de la
Naturaleza
Por: Michel Rowland García
POLITÓLOGO
La corrupción es una acción ilegal e ilegítima que un funcionario público comete buscando beneficiarse a sí mismo y/o a un tercero en detrimento del interés común en un régimen democrático que se autocalifique como tal. Es una acción ilegal porque rompe con las reglas jurídicas de un país, provincia, o ciudad y vulnera los derechos de sus habitantes. Es una acción ilegítima porque rompe con el contrato social existente y disminuye la confianza entre pares del espacio donde interactúan. Se puede afirmar, por lo tanto, que un acto de corrupción es una acción negativa.
Además, si la corrupción vulnera los derechos humanos en reiteradas ocasiones, también vulnera los derechos de la naturaleza. Pensemos en fenómenos tales como la deforestación y sobreexplotación de tierras vírgenes 1 ; la cacería y pesca ilegal practicada por pequeños grupos nostálgicos de la vida primitiva hasta las grandes flotas industriales que recorren los océanos 2 ; el tráfico y comercialización de especies animales y vegetales en peligro de extinción 3 ; la práctica de la minería ilegal en todas sus escalas 4 ; y, el mal manejo de la exploración y explotación petrolera en múltiples sitios geográficos 5 .
En todo caso, frente a la afectación y vulneración de los derechos de los ciudadanos, éstos pueden reaccionar y solicitar que el Estado -a través de las diversas instituciones y mecanismos existentes- tome acciones para remediar y compensar los daños producidos por los actos de corrupción. Pero, ¿Qué pueden hacer las plantas y animales para hacer valer sus derechos difusos?.
¿Cómo compensar los daños causados por actos de corrupción en estos casos?
En un esfuerzo conjunto que se remonta a varias décadas atrás, la comunidad de naciones ha expedido instrumentos jurídicos que alertan sobre la degradación ambiental, la pérdida de la biodiversidad, el incremento del efecto invernadero y los excesos propios a la sobreexplotación de los recursos naturales 6 . Como parte de ese esfuerzo, se han construido mecanismos específicos para que entidades estatales, pero también grupos de ciudadanos organizados, puedan representar a la Naturaleza ante terceros que le han infligido algún tipo de daño.
En el caso de Ecuador, se han consagrado los Derechos de la naturaleza en la última Constitución aprobada y ello viabiliza que entidades como la Defensoría del Pueblo u Organizaciones No Gubernamentales, como por ejemplo Yasunidos, busquen defender los derechos de la “Pacha Mama” 7 . Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho y es recurrente la vulneración y violación de los derechos de la naturaleza por parte de funcionarios públicos inescrupulosos y grupos de particulares organizados frente a la pasiva inacción del Estado y la indiferencia de la ciudadanía que desconoce, muchas veces, el alcance e impacto del daño infligido.
Los artículos relativos a delitos ambientales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal son un referente importante más no suficiente 8 . Más allá del posible efecto sancionatorio de la norma, se debe construir una cultura preventiva que se anticipe al cometimiento de posibles delitos de corrupción en el área ambiental.
Para ello es necesario un esfuerzo comprometido y continuo de las instituciones internacionales, estatales, del sector privado, del sector académico, y del sector social para poner en práctica políticas públicas efectivas en los territorios específicos que permitan proteger los derechos de la Naturaleza y controlar posibles actos de corrupción de los funcionarios responsables de cuidarla.
Michel Rowland García Politólogo franco ecuatoriano. Formado en la Universidad de los Andes (Colombia) y la Universidad de Salamanca (España). 26 años de experiencia como administrador y consultor en proyectos de desarrollo apoyados por agencias de cooperación y fundaciones nacionales e internacionales relacionados con reforma política, construcción de escenarios prospectivos, estrategias anticorrupción y promoción de gobierno abierto, resolución de conflictos, conservación ambiental, mejoramiento de políticas públicas, fortalecimiento de actores de la sociedad civil y política.