LAS EMPRESAS B
Y EL SISTEMA B
Por: David Mesías, licenciado en Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales.
Las empresas B buscan, además de rentabilidad, mejorar la naturaleza y la sociedad como parte de su propósito. Para ello, amplían el compromiso de incorporar intereses no financieros con la modificación de estatutos, deben operar a un alto nivel de transparencia y gestión para su certificación B, y se unen a una comunidad global con su Declaración de Interdependencia. Es fundamental que las empresas B tengan un modelo de negocio de impacto, en el que sus ganancias estén conectadas con su contribución a lo social o ambiental; la evaluación B facilita tener dicho modelo.
Antes de acceder a una certificación B, las empresas deben realizar una evaluación de impacto denominada “evaluación de impacto B”, que mide el impacto de las actividades de todos los ámbitos de la empresa en su gobernanza, en sus trabajadores, en sus clientes, en la comunidad y en el medio ambiente.
Las empresas con un puntaje de 80/200 en todos los aspectos de la evaluación pueden acceder a la certificación, pero también deben llenar un cuestionario de divulgación con “cualquier práctica sensible, multas o sanciones recibidas en relación a la empresa o sus afiliados”, sin afectar la puntuación en el resto de la evaluación. Luego, a partir de noviembre de 2020, se deberá realizar un pago inicial del 30% de las tasas que corresponden al tamaño de la empresa.
Posteriormente, se analiza la elegibilidad de la empresa, se la prepara para su verificación, y el equipo de estándares de B Lab realiza una verificación. Finalmente, la empresa debe transparentar su evaluación de impacto B, tiene que firmar el Acuerdo para Empresas B sobre la modificación de los estatutos de la empresa, y pagar por la certificación según la facturación de la empresa. Se debe realizar una recertificación cada tres años.
Aunque no hay una relación significativa entre la certificación B y una mejora financiera de las empresas certificadas, tal como dicen Richardson & O’Higgins (2019), estas sí mejoraron su impacto social estratégico. De manera similar, Saiz-Álvarez et al. (2020) en su estudio de las empresas B latinoamericanas, concluyen que estas empresas tienen un verdadero compromiso con un desarrollo económico y social, pueden contribuir a la sustentabilidad y podrían ser un pilar para la recuperación post-COVID 19.
A nivel internacional, se critica una falta de transparencia, al desconocer las empresas B que abandonan la iniciativa, y también que sus estándares no tienen suficiente fuerza legal, al no pagar compensaciones por daños, entre otros aspectos.
Como conclusión de esta serie de artículos, en la que se presentó un análisis de las Redes como Pacto Global y Sistema B, si bien estas operan bajo principios y objetivos diferentes -por un lado, Pacto Global y su compromiso con los 10 principios relacionados con derechos humanos, medio ambiente, anticorrupción, estándares laborales y también los 17 ODS; por otro lado, Sistema B, con la creación de un ecosistema de diversos actores orientado a la creación de valor social y ambiental-, son dos redes que se centran en las empresas y buscan fortalecer lazos para un desarrollo más sostenible, tanto a nivel global como local. Sin embargo, estas dos redes podrían beneficiarse de mayores lazos entre sí y, especialmente, de un marco institucional fuerte, con leyes y políticas que favorezcan un ambiente propicio para el emprendimiento social y, más allá de eso, para construir un ecosistema de desarrollo sostenible.
Queda pendiente, entre otros temas, profundizar en los principios del desarrollo sostenible, y descubrir marcos institucionales (legales y políticos) favorables a emprendimientos y economías socialmente responsables.
